La Unión Industrial Argentina advirtió que la producción fabril permanece 10% por debajo de 2022 y que desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 puestos asalariados registrados. El diagnóstico volvió a tensionar la relación entre el Gobierno y la conducción empresaria.
Infobae informó que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, valoró la estabilización, pero pidió incorporar actividad, crédito, energía, infraestructura y empleo a la evaluación económica. Otro vicepresidente, Guillermo Moretti, cuestionó con dureza a Luis Caputo y abrió una interna dentro de la entidad.
El debate contrapone la apertura y la reconversión con sectores que enfrentan capacidad ociosa, costos internos altos y competencia importada. El Gobierno exige adaptación, mientras los industriales reclaman reducir impuestos, logística e informalidad antes de exponer a todas las empresas al mismo ritmo.
Proteger indefinidamente actividades ineficientes no es sostenible, pero aceptar cierres y pérdida de empleo como costo automático tampoco constituye una política industrial. La salida requiere metas de productividad, competencia leal y asistencia transitoria con plazos y resultados públicos, no una disputa de consignas.
