Entre anuncios de USD 18.000 millones y actas de compromiso, el debate minero sanjuanino se ordena en tres ejes: agua, energía y jurisdicción. Economía Sustentable puso el foco en glaciares y arbitraje internacional; la agenda oficial responde con empleo, RIGI y obras de infraestructura.
Organizaciones ambientales señalan trayectorias conflictivas de BHP y Lundin en otros países. El oficialismo provincial responde con ratificación legislativa del acuerdo y la promesa de miles de empleos directos.
No hay contradicción inevitable entre cobre y control público. Hay, sí, una tensión entre velocidad de inversión y capacidad estatal de fiscalizar.
La mirada crítica exige métricas: hectáreas intervenidas, caudales, MW consumidos, % de empleo local y causas judiciales. Sin tablero público, la "inversión histórica" se discute a ciegas.
