El Gobierno nacional actualizó el protocolo de seguridad para amenazas de ataques en escuelas difundidas por redes sociales. La regla general prohíbe tratar datos sensibles o publicaciones de menores sin autorización judicial, pero incorpora excepciones cuando existe un riesgo grave e inminente.
La resolución ordena suspender la tarea preventiva si se presume la participación de un niño o adolescente y comunicar la situación a la autoridad responsable. Sin embargo, permite continuar el monitoreo ante riesgo para la vida, conductas autolesivas, desamparo, delitos digitales o indicios fundados de violencia masiva.
Según informó 0264 Noticias, el cambio responde al aumento de amenazas contra establecimientos educativos en plataformas digitales. El objetivo es dar una vía de actuación temprana sin eliminar las garantías especiales que protegen a menores de edad.
El equilibrio será delicado: una amenaza no puede minimizarse, pero tampoco debe habilitar vigilancia indiscriminada ni exposición pública de estudiantes. La eficacia dependerá de protocolos auditables, intervención judicial rápida, equipos de salud mental y coordinación con las familias y las escuelas.
