La investigación por el Acueducto Gran Tulum avanzó con tres allanamientos en oficinas y en una planta vinculada con Krah, la empresa proveedora de cañerías que quedó bajo análisis judicial. Las medidas buscaron documentación y elementos técnicos para profundizar una causa que también alcanza decisiones tomadas en OSSE.
El expediente examina la provisión y el desempeño de materiales destinados a una obra estratégica para el abastecimiento de agua. La Justicia extendió el plazo de investigación y las defensas recibieron un revés en sus planteos, aunque todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades.
Por tratarse de recursos públicos y de infraestructura esencial, la pesquisa debe esclarecer tanto la calidad de los insumos como los controles administrativos previos. La presunción de inocencia obliga a distinguir las medidas de prueba de una condena anticipada.
La ciudadanía necesita información verificable sobre el estado del acueducto, los contratos, las auditorías y cualquier costo adicional. La causa penal puede definir responsabilidades individuales; la gestión pública debe, además, explicar cómo evitará que fallas similares se repitan.
