La Libertad Avanza aceptó introducir cambios al proyecto del Súper RIGI para reunir apoyo en el Senado. Las modificaciones negociadas con la UCR, el PRO y bloques provinciales se concentran en la participación de proveedores nacionales y el abastecimiento energético de grandes centros de datos.
El texto aprobado por Diputados exige que al menos 20% del gasto en proveedores sea local cuando exista oferta en condiciones de precio y calidad. Los aliados reclaman que esa protección alcance sólo a bienes efectivamente producidos en la Argentina y no a mercadería importada por intermediarios.
El segundo cambio obligaría a los proyectos electrointensivos a desarrollar generación propia para no sobrecargar las redes provinciales. La condición enfrenta la preocupación de los gobernadores por el costo de infraestructura con el temor del Gobierno a reducir el atractivo de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
Si el Senado modifica la iniciativa, deberá regresar a Diputados. El debate definirá si el régimen se limita a atraer capital o incorpora salvaguardas para la industria y los servicios públicos; una cuestión relevante también para las provincias mineras, que necesitan inversiones sin trasladar costos ni desplazar proveedores nacionales.
