El Gobierno aceptó modificar el proyecto de Inocencia Fiscal y dejó a los funcionarios públicos fuera de sus beneficios centrales, después de los reclamos de la oposición. Podrán usar la declaración simplificada para presentar y pagar Ganancias, pero no tendrán presunción de exactitud ni protección frente a ajustes retroactivos.
Infobae informó que el cambio se incorporó al dictamen que busca ampliar el Régimen Simplificado de Ganancias y alentar la bancarización de fondos no declarados. La revisión política se aceleró tras la controversia por la adhesión de un exjefe de Gabinete investigado judicialmente.
Especialistas tributarios advirtieron que la exclusión opera hacia adelante y no resuelve qué ocurrirá con funcionarios que ya ingresaron bajo la norma vigente. También señalaron que el texto no extiende expresamente la restricción a familiares o personas cercanas, un vacío habitual en regímenes de integridad.
La corrección mejora el estándar institucional, pero llega tarde y deja zonas grises. El Congreso debería precisar el tratamiento de adhesiones previas, publicar controles reforzados para personas políticamente expuestas y evitar que la seguridad jurídica se transforme en inmunidad fiscal para quienes administran recursos públicos.
