La mesa política del Gobierno dejó fuera de sus prioridades inmediatas la reforma del Código Penal y concentró la negociación parlamentaria en el Súper RIGI, la ley de propiedad privada, los cambios electorales y la agenda económica. El proyecto penal, anunciado a fines de 2025, sigue demorado por diferencias internas.
Según informó Infobae, el borrador original tenía 912 artículos, pero el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso revisar la técnica y avanzar primero con modificaciones puntuales al código vigente. El ala vinculada a Santiago Caputo defiende el trabajo previo y espera una devolución del ministerio.
La versión en revisión incorporaría penas y figuras para estafas piramidales, robos bajo modalidades como entraderas y motochorros, lavado con activos virtuales y delitos asociados al crimen organizado. También propone un esquema escalonado para conductas vinculadas con precursores y narcotráfico.
El aplazamiento revela que endurecer penas es políticamente más sencillo que construir una reforma penal consistente. Antes de enviar el texto, el Ejecutivo debería explicar qué problemas resuelve cada figura, cómo evita superposiciones y qué recursos tendrá la Justicia para aplicarla; sin ese debate, una reforma extensa corre el riesgo de ser sólo una acumulación punitiva.
