La Prefectura Naval Argentina intimó a 536 profesionales del practicaje y pilotaje a retomar de inmediato sus tareas, en una escalada del conflicto abierto por el decreto 690/2026. Según informó Infobae, la medida de fuerza dejó al menos 140 buques sin confirmación de servicio y paralizó operaciones clave del comercio exterior.
La intimación advierte sobre sanciones disciplinarias, sumarios administrativos y eventuales denuncias penales. El Gobierno sostiene que el practicaje es un servicio público esencial para la seguridad de la navegación; los trabajadores, en cambio, reclaman la suspensión o derogación de la norma que abrió el registro, eliminó barreras de ingreso y habilitó tarifas máximas.
El impacto ya excede la disputa laboral. Cámaras empresarias alertaron por cargas de granos, combustibles y otras mercaderías detenidas, operaciones desviadas hacia Uruguay y Brasil y riesgos de saturación en plantas productivas. También quedó afectado un buque necesario para obras vinculadas al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
La desregulación prometía más competencia, pero su aplicación sin un acuerdo de transición convirtió una reforma sectorial en un cuello de botella nacional. La prioridad inmediata es recuperar la navegación sin criminalizar el reclamo y abrir una negociación que mida costos, seguridad y continuidad del servicio con datos verificables.
