Prácticos, pilotos y baqueanos interrumpieron por tiempo indeterminado la asistencia a bordo de buques en rechazo al nuevo régimen de practicaje y pilotaje impulsado por el Gobierno nacional. La medida busca frenar un decreto que habilita mayor competencia y que el Ejecutivo presenta como una vía para reducir costos portuarios.
Según informó Infobae, la Prefectura Naval comenzó a intimar a los profesionales para que retomen el servicio y advirtió sobre posibles sumarios y denuncias penales. Los trabajadores cuestionan condiciones operativas y de seguridad, mientras la administración sostiene que esas garantías están cubiertas.
El conflicto ya afecta una actividad esencial para el ingreso y la salida de embarcaciones, por lo que puede trasladarse con rapidez a exportadores, importadores y cadenas productivas. Una interrupción prolongada encarecería la logística que el propio decreto afirma querer abaratar.
La disputa exhibe el límite de una reforma aplicada sin una transición aceptada por quienes deben ejecutarla. El Gobierno deberá demostrar con datos que la apertura reduce costos sin degradar la seguridad, y los profesionales tendrán que fundamentar sus objeciones sin convertir un servicio estratégico en una herramienta de bloqueo permanente.
