El oficialismo intentará aprobar el jueves en el Senado la ley de Propiedad Privada, una iniciativa que elimina restricciones para la compra extranjera de tierras rurales y concede a las provincias una intervención decisiva. La Libertad Avanza todavía necesita asegurar los votos de sus aliados.
Según informó 0264 Noticias, la versión que llegará al recinto prohíbe las compras directas de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización de la provincia involucrada y del Poder Ejecutivo nacional. En zonas de frontera también se exigirá ese doble aval.
El texto eliminó además el silencio administrativo que podía validar una operación si las autoridades no respondían en seis meses. La corrección reduce un riesgo evidente, pero no resuelve el debate de fondo: cuánto territorio estratégico puede quedar sujeto a decisiones económicas cuyos beneficiarios y efectos exceden a una provincia.
Para San Juan, la discusión tiene impacto concreto por su superficie rural, su frontera y la expansión minera. El control provincial puede funcionar como garantía sólo si hay criterios públicos, trazabilidad de los compradores y evaluación ambiental y productiva; sin esas condiciones, la descentralización corre el riesgo de convertir la protección territorial en una negociación caso por caso.
