El pedido de juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia de San Juan Marcelo Lima volvió a poner bajo examen un procedimiento institucional reservado para las máximas autoridades provinciales. La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Fiorentino y cuestiona la actuación de Lima en expedientes del Jurado de Enjuiciamiento.
Según informó Tiempo de San Juan, el planteo sostiene que el magistrado debió apartarse por su relación previa con uno de los jueces denunciados. La acusación deberá atravesar la Cámara de Diputados, donde la Constitución provincial distribuye las funciones de acusar y juzgar entre salas diferentes.
El juicio político puede aplicarse al gobernador, vicegobernador, ministros de la Corte, fiscal general y fiscal de Estado por incapacidad, delitos, incumplimiento de deberes o delitos comunes. Sin embargo, la escasez de antecedentes y la ausencia de plazos operativos precisos hacen que el resultado dependa tanto de la prueba como de la voluntad política de activar el proceso.
El caso no equivale a una condena y debe respetar la defensa del acusado. Su valor público estará en que Diputados explique cada etapa, funde sus decisiones y evite que un mecanismo de control excepcional se convierta en una herramienta de presión partidaria o, en el extremo opuesto, en una vía destinada a quedar paralizada.
