El proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas" llegó al Congreso con penas más severas por explotación ilegal de recursos, pero también con un sistema de seguridad nacional y un artículo sobre campañas de desinformación financiadas desde el exterior. Parlamentario e Infobae coinciden: el texto de 133 artículos ya genera resistencias.
El artículo 111 tipifica con prisión de 5 a 12 años conductas como "manipular la opinión pública" o "desinformación masiva", sin precisiones claras. Aliados y juristas marcan discrecionalidad. Bullrich, según Infobae, también rechaza un nuevo ómnibus con ese capítulo.
Otra alerta la puso el diputado Maximiliano Ferraro: al derogar el régimen previo de sanciones, el proyecto podría dejar sin efecto inhabilitaciones que alcanzaban a petroleras luego reconvertidas y vinculadas a beneficios RIGI.
Usar Malvinas para pedir unidad nacional y colar tipificaciones penales abiertas es una mala mezcla. Si el Gobierno quiere consensos, debería separar soberanía de herramientas de censura disfrazada.
