Una auditoría incorporada a la causa por el fentanilo contaminado concluyó que el sistema de fiscalización de la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos presenta debilidades relevantes de diseño e implementación. El expediente investiga la muerte de 90 pacientes y las secuelas sufridas por otras 44 personas.
De acuerdo con el informe citado por Infobae, 51 de los 235 establecimientos farmacéuticos habilitados, el 21,7%, no habían sido inspeccionados bajo normas de buenas prácticas durante más de cinco años. También se detectaron procedimientos informales, falta de plazos, sistemas informáticos obsoletos y ausencia de un plan anual de inspecciones.
La magnitud del daño exige responsabilidades judiciales, pero también una reforma verificable del control sanitario. Publicar planes de inspección, alertas, sanciones y tiempos de retiro permitiría saber si el Estado corrigió las fallas o sólo reaccionó después de la tragedia.
