El proceso para cubrir tres cargos judiciales en San Juan avanzó a la etapa de entrevistas. La evaluación pública de antecedentes y criterios resulta central para la legitimidad de las designaciones.
Los cargos judiciales no deben repartirse como cuotas políticas. La ciudadanía necesita conocer experiencia, posibles conflictos de interés y respuestas de cada postulante sobre independencia, acceso a Justicia y tiempos de resolución.
Publicar grabaciones, puntajes y fundamentos de la selección permitiría controlar el proceso. La calidad institucional depende tanto de quiénes son elegidos como de la trazabilidad del mecanismo que los lleva al cargo.
