Vecinos y organizaciones de Jáchal presentaron notas al gobernador, la Legislatura y la Defensoría del Pueblo para reclamar una protección legal específica del acuífero Pampa del Chañar. El pedido surge ante la preocupación por un proyecto minero en el área.
La presentación busca que el resguardo del recurso no dependa únicamente de autorizaciones administrativas o estudios elaborados para cada emprendimiento. En una zona árida, la calidad y disponibilidad del agua condicionan consumo humano, producción y permanencia de las comunidades.
Una ley puede establecer límites y controles más estables, pero necesita cartografía, línea de base y competencias claras. También debe definir cómo se monitorea el acuífero, quién paga los estudios y qué ocurre si aparecen variaciones o contaminación.
El Gobierno provincial y la empresa involucrada deberían responder con información técnica accesible y espacios de participación. La licencia social no se obtiene desacreditando temores: se construye con datos independientes, trazabilidad y capacidad real de frenar una actividad si el riesgo no puede controlarse.
