El Ministerio de Gobierno recordó que la ley provincial 941-R prevé multas de hasta 3.000 jus, clausuras y hasta 30 días de arresto para infracciones vinculadas con la elaboración y venta de alimentos alterados, adulterados o sin rotulado.
El régimen apunta a proteger la salud y asegurar que los consumidores conozcan origen, composición y vencimiento de los productos. Las sanciones alcanzan conductas de distinta gravedad, por lo que cada procedimiento debe documentar riesgos y responsabilidades.
El monto potencial de las multas puede actuar como disuasión, pero la norma sólo será efectiva con inspecciones regulares y trazabilidad. Los pequeños comercios también necesitan información clara para cumplir y corregir faltas antes de que deriven en daños.
La autoridad debería informar cuántos controles realiza, qué productos concentran incumplimientos y cómo se resuelven las actuaciones. La seguridad alimentaria mejora con sanciones proporcionales, pero también con prevención y datos abiertos.
