Familias de estudiantes de los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan preparan un amparo ante la Justicia Federal después de acumular entre 35 y 36 días sin clases durante el ciclo lectivo. El planteo busca que se garantice la continuidad educativa y que exista un plan para recuperar los contenidos perdidos.
El abogado Mariano Domínguez explicó que la presentación no desconoce la legitimidad del reclamo docente. ADICUS y SiDUNSJ rechazaron la última propuesta salarial del Gobierno nacional y reclaman paritarias, presupuesto universitario y la aplicación de la ley de financiamiento del sistema.
La judicialización expone un conflicto que las partes políticas no resolvieron: salarios deteriorados, universidades con recursos insuficientes y estudiantes que cargan con el costo de las medidas de fuerza. Una cautelar puede ordenar una respuesta inmediata, pero no reemplaza la negociación que debe sostener el funcionamiento de las aulas.
El desafío es evitar una falsa oposición entre el derecho a huelga y el derecho a la educación. Nación, la UNSJ y los gremios deben acordar recuperación pedagógica, previsibilidad y una salida salarial verificable; trasladar todo el problema a los tribunales sólo administra la urgencia.
