La producción textil retrocedió 24,4% durante el primer semestre de 2026 y el sector estima que unas 30 empresas cierran cada mes. La contracción ya provocó la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo y dejó a las fábricas operando por debajo de la mitad de su capacidad.
La combinación de menor consumo, costos financieros y competencia importada golpeó a una cadena integrada principalmente por pequeñas y medianas empresas. La indumentaria y el calzado también sienten el efecto de plataformas extranjeras que venden directamente al consumidor.
La apertura puede ofrecer variedad y precios, pero sin condiciones parejas acelera el cierre de firmas locales y destruye capacidades difíciles de reconstruir. El problema no se limita a empresarios: cada planta que desaparece afecta empleo, proveedores y economías regionales.
El desafío es evitar una falsa elección entre protección indiscriminada y desindustrialización. Se necesitan productividad, crédito, control aduanero y reglas estables que permitan competir sin trasladar toda la adaptación a trabajadores y consumidores.
