El Estado nacional destina alrededor de $200 millones por mes al pago de once asignaciones vitalicias para expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. El dato volvió a colocar bajo discusión un régimen excepcional en un contexto de ajuste sobre el sistema previsional general.
Las prestaciones no se calculan como una jubilación contributiva ordinaria, sino que derivan de normas especiales vinculadas con los cargos ejercidos. La nómina incluye a exautoridades y beneficiarios por pensiones, con montos muy superiores al haber mínimo.
La discusión no se agota en señalar nombres: exige revisar la coherencia de mantener privilegios cuando la mayoría de los jubilados afronta ingresos ajustados y mayores costos de salud. También requiere reglas claras para evitar arbitrariedad y litigios que terminen aumentando el gasto.
Cualquier reforma debería respetar derechos adquiridos y controles constitucionales, pero la transparencia sobre montos, compatibilidades y fundamentos es indispensable. La austeridad pierde legitimidad cuando se aplica con distinta intensidad según la posición de cada beneficiario.
