Las empresas concesionarias del transporte público de San Juan redujeron transitoriamente las frecuencias y reclamaron pagos por unos 9.700 millones de pesos. La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros atribuyó la medida al atraso de compensaciones tarifarias.
Según informó 0264 Noticias, alrededor del 60% de la deuda correspondería a la Provincia y el 40% a la Nación. Los montos incluyen boleto escolar y docente, transbordos, atributos sociales, diferencias de costos y partidas no reconocidas en la tarifa.
ATAP sostiene que esas transferencias benefician al usuario porque permiten que el boleto se mantenga por debajo del costo real. La falta de fondos, afirma, afecta combustible, salarios, mantenimiento y repuestos.
La disputa financiera tiene un perjudicado inmediato: quien depende del colectivo para trabajar, estudiar o atenderse. Gobierno y empresas deben transparentar costos, kilómetros efectivamente prestados y cronograma de pagos; reducir servicios sin esa información traslada la crisis al pasajero.
