El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido y trasladado a Paraná después de que quedara firme la condena a ocho años de prisión por corrupción. También fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez, condenados en el mismo expediente.
La sentencia de 2022 investigó el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial entre 2010 y 2015. El Ministerio Público Fiscal entrerriano confirmó que la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos extraordinarios y dejó firmes las penas, que incluyen inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos mandatos y luego fue embajador argentino en Israel. La causa examinó pagos y contrataciones vinculadas con empresas señaladas como beneficiarias del esquema, además de gastos realizados para la Cumbre del Mercosur de 2014.
La detención cierra una extensa etapa de revisión judicial, pero no agota el debate sobre la rendición de cuentas. La firmeza de una condena contra un exgobernador muestra el alcance institucional del caso y vuelve a poner el foco en los controles sobre la publicidad oficial y el uso discrecional de recursos públicos.
