La Secretaría de Minería modificó el procedimiento para importar maquinaria, equipos e insumos con los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras. La Resolución 73/2026 reemplaza certificados y autorizaciones previas por declaraciones juradas digitales conectadas con la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el sistema aduanero Malvina.
El esquema amplía la admisión de equipos usados o reacondicionados, permite afectar una misma máquina a distintos proyectos del beneficiario y actualiza las posiciones arancelarias alcanzadas. La autoridad tendrá cinco días hábiles para expedirse, aunque la aplicación efectiva depende de adecuaciones tecnológicas y normas complementarias de Aduana.
La simplificación puede reducir demoras y costos en una actividad intensiva en capital, con efecto potencial sobre proyectos de cobre y oro en San Juan. Pero trasladar el control a una etapa posterior también aumenta la necesidad de fiscalización para evitar que los beneficios se usen en bienes o destinos ajenos a la producción declarada.
El Gobierno debería publicar las validaciones, los bienes ingresados y los resultados de las auditorías, preservando la información comercial sensible. Sin trazabilidad accesible, la desburocratización corre el riesgo de convertir un incentivo fiscal en una zona opaca para el control público.
