La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, respaldó el programa económico del Gobierno de Javier Milei durante su visita a Buenos Aires, aunque dejó dos condiciones que moderan el elogio: sostener la acumulación de reservas y lograr que el crecimiento se traduzca en más empleo formal.
En una conferencia junto al ministro de Economía, Luis Caputo, Georgieva destacó el paso del déficit al superávit primario, la desaceleración de la inflación interanual desde niveles cercanos al 210% hasta alrededor del 30% y una acumulación de reservas de unos 13.000 millones de dólares desde comienzos del año. Los datos fueron expuestos por la titular del organismo y difundidos por el Ministerio de Economía.
El punto más incómodo apareció en el mercado laboral. Según informó la agencia EFE, Georgieva calificó de preocupante la pérdida de puestos registrados y el avance de la informalidad. La observación marca un límite concreto al discurso oficial: estabilizar las variables financieras no alcanza si la recuperación no genera trabajo sostenible ni mejora el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.
El respaldo tampoco puede leerse como una evaluación neutral. Argentina es el principal deudor del FMI y, de acuerdo con Associated Press, mantiene obligaciones por alrededor de 58.000 millones de dólares con el organismo. Por eso, la confianza expresada por Georgieva está ligada tanto al desempeño económico como a la capacidad del país para afrontar vencimientos relevantes desde 2027.
Para San Juan, el debate tiene una dimensión directa. El Gobierno nacional exhibe las inversiones proyectadas bajo el RIGI como uno de los motores del crecimiento, con la minería entre los sectores centrales. Sin embargo, el impacto provincial dependerá de cuánto empleo local, desarrollo de proveedores e ingresos fiscales produzcan efectivamente esos proyectos, y no solamente del volumen anunciado de capital.
La visita dejó así una señal política favorable para la Casa Rosada, pero también una advertencia: el equilibrio fiscal y las reservas pueden ordenar la macroeconomía; la legitimidad del programa se jugará en su capacidad para ampliar la actividad, formalizar empleo y distribuir los beneficios del crecimiento.
