La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción de Santa Cruz confirmó durante 2026 más de ocho despidos con causa de trabajadores mineros que dieron positivo en controles de sustancias prohibidas. Los casos involucraron tareas de alto riesgo, como la manipulación de explosivos, el transporte de personal y las operaciones subterráneas, donde una alteración psicofísica puede comprometer la seguridad de todo el equipo.
Según informaron este sábado LU17 y NIC Santa Cruz, la mayoría de los expedientes se inició en el Juzgado Civil de Puerto Deseado y llegó luego a la Cámara. Los magistrados tuvieron por acreditado que los operarios habían firmado compromisos de tolerancia cero y que los análisis fueron realizados por personal de salud especializado, con protocolos y respaldo bioquímico considerados suficientes.
El criterio judicial fortalece la potestad de las empresas para prevenir riesgos críticos, pero también obliga a extremar las garantías. La validez de una política de tolerancia cero no debería descansar sólo en una cláusula de ingreso: requiere cadena de custodia, posibilidad de contraprueba, confidencialidad de los datos médicos y una distinción clara entre consumo y afectación efectiva durante la jornada.
Para provincias mineras como San Juan, el antecedente plantea una agenda concreta antes de que aumenten las dotaciones vinculadas al cobre. Empresas, sindicatos y Estado necesitan reglas públicas y auditables que protejan la vida sin convertir los controles en mecanismos arbitrarios de desvinculación. La prevención gana legitimidad cuando combina exigencia operativa, evidencia técnica y debido proceso para cada trabajador.
