Una joven de 19 años cuestionó públicamente el trato recibido durante una investigación por abuso sexual simple y el sobreseimiento del hombre denunciado. La causa se cerró después de que la fiscalía considerara insuficientes los testimonios y pericias para superar la duda razonable y llevar al acusado a juicio.
Tiempo de San Juan informó que la denunciante acudió cerca de diez veces al CAVIG y describió esas instancias como revictimizantes. El expediente había comenzado en diciembre, el sospechoso fue imputado en febrero y finalmente sobreseído. La joven mantiene medidas de protección y analiza si apelará la resolución.
El principio de inocencia obliga a que una condena se base en prueba suficiente. Esa garantía, sin embargo, no exime al sistema de explicar sus decisiones con claridad ni de reducir repeticiones innecesarias del relato. Investigar con rigor y acompañar a quien denuncia son deberes compatibles, no objetivos enfrentados.
La posibilidad de apelar también expone una desigualdad: la joven dijo que no cuenta con dinero para contratar abogado y constituirse como querellante. Si el acceso a una revisión efectiva depende de recursos personales, la respuesta institucional queda incompleta. El caso reclama evaluar procedimientos y asistencia jurídica, no anticipar culpabilidades.
