El Gobierno descartó una asistencia estatal directa para casi seis millones de personas con problemas de deuda, pese a que la mora familiar llegó a niveles que no se observaban desde hace más de dos décadas.
Economía y el Banco Central sostienen que se trata de contratos entre privados y apuestan a refinanciaciones bancarias. Las autoridades también rechazaron fijar tasas máximas y esperan que la mejora tarde en aparecer en las estadísticas por los plazos de reclasificación de deudores.
La mora del crédito a familias bajó apenas de 12,8% a 12,7% en junio, primera reducción en 19 meses. El dato puede señalar un punto de inflexión, pero todavía no prueba una normalización y debe contrastarse con ingresos, plazos y costo efectivo de las refinanciaciones.
Evitar un rescate indiscriminado no libera al Estado de proteger consumidores. Son necesarias reglas contra cargos abusivos, información clara y mecanismos de negociación sostenible; dejar todo librado a la relación entre bancos y hogares puede profundizar exclusión financiera y pérdida de patrimonio.
