Familiares, organizaciones feministas y vecinos marcharon este miércoles desde Plaza Laprida hasta Tribunales para pedir justicia por Gemma Álvarez, asesinada el 30 de julio. La movilización pasó por el CAVIG y reclamó que el único acusado permanezca detenido durante la investigación.
Tiempo de San Juan informó que Matías Marín, expareja de la víctima, está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Un juez le dictó un año de prisión preventiva, pero la defensa impugnó la medida y el Tribunal de Impugnación deberá revisarla.
La causa se encuentra en una etapa inicial y rige la presunción de inocencia hasta una sentencia firme. Al mismo tiempo, el expediente vuelve a interpelar la capacidad estatal de protección: Gemma había denunciado violencia de género el 1 de julio, semanas antes del ataque, un antecedente que exige revisar qué medidas se dispusieron y cómo fueron monitoreadas.
El reclamo social no debe reducirse al monto de una pena eventual. También demanda transparencia sobre la respuesta institucional previa, asistencia sostenida para la familia y evaluación de los dispositivos de prevención. Saber dónde falló el sistema es una condición para evitar que una denuncia vuelva a quedar separada del riesgo concreto.
