La Justicia salteña imputó al exintendente de San Carlos Héctor Raúl Vargas por presunto incumplimiento de deberes, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica. El actual diputado departamental eligió no declarar durante la audiencia y conserva la presunción de inocencia.
Según informó Infobae sobre datos del Ministerio Público Fiscal de Salta, la investigación revisa la compra de un terreno para un loteo social sin autorización del Concejo Deliberante. Las pericias no hallaron respaldo para $1,88 millones remanentes ni documentación completa de adjudicatarios, mientras una inspección encontró el predio sin servicios básicos.
Otro tramo analiza $9,48 millones del programa nacional PROTAAL cuyo destino no pudo reconstruirse. Además, se detectaron 18 retiros mediante cheques de una cuenta municipal por $64,45 millones sin documentación que permita establecer en qué fueron utilizados.
La imputación deberá probar responsabilidades individuales y no puede convertirse en condena anticipada. Pero la ausencia de expedientes, rendiciones y autorizaciones revela una falla de control que excede a una persona: los municipios necesitan sistemas públicos de contratación y seguimiento que permitan detectar desvíos antes de que termine una gestión.
