Una presentación administrativa pidió investigar posibles incompatibilidades y cobros simultáneos de dos exjefes y una autoridad actual de la Policía de San Juan. Los señalados son Luis Walter Martínez, Abel Hernández y Patricia Herrera, cuyos entornos rechazaron las acusaciones y denunciaron una maniobra vinculada con los próximos ascensos.
Tiempo de San Juan informó que el escrito ingresó a la Subsecretaría de Control de Gestión y fue impulsado por Oscar Vanetti, ex tesorero policial condenado por peculado. El documento no atribuye delitos, pero solicita revisar haberes de retiro, remuneraciones estatales y la posible superposición de funciones docentes y policiales.
La procedencia del denunciante y las defensas políticas no resuelven el fondo. La administración debe verificar decretos, licencias, horarios y excepciones normativas con documentos, sin convertir una revisión de compatibilidades en condena anticipada ni en protección corporativa.
Control de Gestión debería informar si abre expediente, qué normas aplicará y cuál será el resultado, preservando el debido proceso. La transparencia es especialmente relevante cuando están en juego ascensos y recursos públicos: archivar sin explicación o filtrar acusaciones sin pruebas dañaría por igual a la institución y a las personas involucradas.
