Mirgor comunicó la desvinculación de 300 trabajadores de su planta de Río Grande después de una sucesión de paros y asambleas de la UOM. El Gobierno de Tierra del Fuego dictó una conciliación obligatoria por 15 días, suspendió los despidos y convocó a una audiencia entre las partes.
Según Infobae, la empresa atribuye la decisión al impacto de las interrupciones sobre la línea de autopartes, que trabaja con entregas ajustadas para terminales automotrices. La compañía asegura que no busca reducir producción ni plantilla y que evaluaba reemplazar los puestos si no se normalizaba la operación.
La versión empresarial debe contrastarse con la posición sindical y con la documentación del conflicto. La conciliación abre un margen para negociar, pero no resuelve las causas de fondo ni garantiza que los 300 trabajadores conserven sus empleos cuando termine el plazo.
El caso muestra la fragilidad de una industria dependiente de cadenas just in time y de regímenes promocionales. Estado, empresa y gremio deberán acordar reglas para sostener producción y derechos laborales sin convertir a los trabajadores en variable de ajuste ni usar medidas de fuerza sin evaluar su impacto sobre la continuidad de los contratos.
