Dos empresas privadas presentaron propuestas técnicas para desarrollar la plataforma digital prevista por la Ley de Desarrollo Local Minero de San Juan. El sistema deberá integrar la matriz de impacto socioeconómico y el Registro de Proveedores Mineros, con datos sobre empleo, contratación local y desarrollo comunitario.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó a Diario Huarpe que las ofertas están bajo análisis y que el monto definirá si corresponde abrir una licitación. La intención oficial es que las empresas mineras carguen información mediante una API y que la plataforma entre en funcionamiento junto con la reglamentación de la ley.
El ministro de Producción, Gustavo Fernández, sostuvo que los indicadores estandarizados permitirán comparar a las operadoras por incorporación de mujeres, profesionales y proveedores de las comunidades. Esa promesa puede mejorar la rendición de cuentas, pero dependerá de que las definiciones, la metodología y los resultados sean realmente públicos y auditables.
La digitalización no garantiza transparencia por sí sola. El Gobierno deberá informar cómo seleccionará al proveedor tecnológico, cuánto costará el sistema, quién verificará los datos cargados y qué sanciones habrá ante declaraciones incompletas. Sin esos resguardos, una herramienta concebida para medir el desarrollo local puede terminar funcionando como una vidriera sin control independiente.
