El Gobierno nacional suspendió el decreto 690/2026, que había modificado los servicios de practicaje y pilotaje, después de cuatro días de paro y de una parálisis que dejó cerca de 200 buques demorados. La marcha atrás quedó formalizada mediante el decreto 716/2026 y restablece temporalmente las reglas anteriores.
Según informó Infobae a partir de la norma publicada en el Boletín Oficial, el acuerdo incluye la reactivación inmediata del servicio, una reducción del 20% en las tarifas vigentes y la creación de una mesa con organismos estatales y representantes del sector para redactar una nueva reglamentación.
El conflicto había escalado cuando Prefectura intimó a más de 500 profesionales a retomar tareas bajo advertencia de sanciones. La interrupción afectó contratos externos y el abastecimiento patagónico, mientras el costo estimado para los buques alcanzaba unos US$100.000 diarios.
La suspensión evita que las pérdidas sigan creciendo, pero también expone una falla de diseño: una reforma destinada a abaratar costos terminó encareciendo la operatoria y obligó al Ejecutivo a retroceder. La nueva mesa deberá demostrar que el próximo cambio combina competencia, seguridad de navegación y continuidad del comercio exterior.
