Un relevamiento sobre presupuestos legislativos ubicó a San Juan por debajo del promedio nacional en el costo por diputado, aunque la comparación abre preguntas sobre productividad, personal y transparencia del gasto.
Tiempo de San Juan calculó que cada legislador provincial demanda aproximadamente la mitad del promedio de las cámaras del país. El indicador relaciona presupuesto total y cantidad de bancas, por lo que no mide por sí solo eficiencia ni calidad institucional.
Una Legislatura más barata puede ser una fortaleza fiscal, pero el dato necesita desagregarse en dietas, planta permanente, asesores, contratos, infraestructura y transferencias. Sin esa apertura, no se distingue austeridad real de servicios subfinanciados.
También importa qué produce la Cámara: sesiones realizadas, proyectos tratados, controles al Ejecutivo y acceso ciudadano a expedientes. Comparar sólo pesos por banca premia el menor gasto, aunque no revele si la representación cumple su función.
El debate debería terminar en un tablero público y comparable. San Juan tiene la oportunidad de convertir una cifra favorable en un estándar de rendición de cuentas, antes de que la ampliación prevista de la Legislatura vuelva a modificar el indicador.
