El sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA, dictado el viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a pedido de la Fiscalía, no cerró la polémica. Según repasó Diario Huarpe, en julio el Gobierno nombró por decreto presidencial a la abogada Ana María Cristina Juan —esposa del magistrado— al frente del Juzgado Federal de Hurlingham, un tribunal que todavía no estaba habilitado. Hasta entonces era secretaria de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
El medio recuerda además que, dos semanas antes de esa designación, De Giorgi había apartado de la querella a los damnificados por la moneda virtual. El fallo final concluyó que las conductas investigadas “no se encuadran en una figura delictiva” y benefició también a empresarios, desarrolladores y promotores del token.
Lejos de bajar el tono, el Presidente anticipó en una entrevista radial que evaluará con sus abogados acciones legales contra “periodistas delincuentes”, apuntó contra el Grupo La Nación, Fernando Saguier y Hugo Alconada Mon, y calificó de “disparate institucional” a la comisión investigadora del Congreso, informó Tiempo de San Juan. “Nunca les mandé el ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal”, dijo.
Que un juez cierre la causa del Presidente meses después de que el Presidente nombrara jueza a su esposa no prueba un intercambio de favores, pero es exactamente el tipo de coincidencia que una República debería evitar. Y responder al escrutinio con amenazas judiciales contra la prensa no despeja dudas: las multiplica.
Fuente: Diario Huarpe y Tiempo de San Juan.
