La familia de Gemma Álvarez se presentó como querellante en la investigación por el femicidio ocurrido en Chimbas y reclamó esclarecer por qué las denuncias previas no lograron protegerla. La mujer, de 34 años, fue asesinada y su expareja permanece detenida con prisión preventiva mientras avanza la causa.
La abogada Fabiana Salinas señaló a Tiempo de San Juan que la víctima había atravesado unos doce años de violencia y había recurrido en varias oportunidades a las autoridades. Dos meses antes del crimen se había mudado a la casa de su madre para escapar del hostigamiento, según la reconstrucción presentada por la querella.
La acusación espera incorporar testimonios de personas que presenciaron agresiones o conocieron de manera directa la situación. Una niña de 11 años quedó sin su madre y con su padre acusado, una consecuencia que obliga a garantizar acompañamiento psicológico y respuestas institucionales sostenidas más allá del proceso penal.
El expediente debe determinar responsabilidades individuales, pero el antecedente de denuncias convierte el caso en una prueba para todo el sistema de prevención. Revisar medidas de protección, tiempos de respuesta y seguimiento de agresores es indispensable para que los pedidos de ayuda no queden reducidos a registros administrativos sin capacidad de evitar una nueva violencia.
