El mercado de alquileres de San Juan quedó atravesado por dos expectativas: la demanda asociada con nuevos proyectos mineros y la posible caída del DNU 70/2023.
Tiempo de San Juan recogió posiciones contrapuestas. Corredores temen que un regreso a la regulación anterior reduzca la oferta, mientras la Asociación de Inquilinos denuncia contratos de apenas seis meses y aumentos especulativos.
Ninguna de las dos hipótesis debería aceptarse sin datos. La Provincia necesita publicar precios, duración de contratos, viviendas disponibles y concentración territorial para anticipar el impacto real del ciclo minero.
La inversión productiva no puede desplazar a trabajadores locales del acceso a la vivienda. Incentivos a nueva oferta, reglas contractuales previsibles y protección frente a abusos deben discutirse de manera conjunta.
