San Juan amaneció este miércoles sin colectivos. Los choferes nucleados en la UTA iniciaron una retención de servicios que, según se había informado, iba a durar hasta las 8, pero los trabajadores endurecieron la medida y advirtieron que no sacarán las unidades hasta que se les pague lo que reclaman. Según Diario de Cuyo, el conflicto alcanza a todas las empresas de transporte de la provincia.
Gustavo Gavia, delegado de la UTA en El Triunfo, explicó en declaraciones a Canal 13 que recogió Diario Huarpe que se trata de una deuda salarial que se arrastra desde abril y de un aumento que debía liquidarse el martes y no fue depositado. “Ya son varias las veces que nos dicen que van a pagar y después terminan abonando en dos o tres cuotas”, cuestionó, y agregó que las empresas alegan que el Gobierno les debe dinero, algo que, a su juicio, no puede trasladarse a los trabajadores. Para media mañana estaba prevista una reunión para definir cómo seguía la medida.
Desde el Gobierno provincial, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, en diálogo con Radio Sarmiento, calificó la medida de intempestiva, afirmó que no fue comunicada formalmente y anunció que se evaluarán multas y sanciones a las concesionarias por no garantizar el servicio, además de tener en cuenta estos antecedentes al analizar la continuidad de las concesiones. También sostuvo que existía un acuerdo salarial firmado entre empresas y trabajadores que no se habría cumplido, y vinculó el conflicto con el proceso electoral interno del gremio.
El impacto en el bolsillo fue inmediato. Diario Huarpe relevó que un viaje por aplicación que habitualmente cuesta entre $1.500 y $2.300 pasó a valer entre $6.300 y $7.000 durante las primeras horas del paro, con subas de entre 204% y 320% por el efecto de las tarifas dinámicas.
Como suele ocurrir, el conflicto entre empresarios, gremio y Estado lo terminan pagando los usuarios: trabajadores que se arriesgan a perder el presentismo y pasajeros que deben pagar hasta cuatro veces más por moverse. Más allá de las sanciones anunciadas, la pregunta de fondo es cómo se controla el cumplimiento de los acuerdos salariales y de los pagos del Estado a un sistema de transporte en el que las empresas dicen depender de lo que les debe el Gobierno.
Fuente: Diario de Cuyo y Diario Huarpe (07/10/2026).
