Mientras el oficialismo ordena la agenda de octubre, dos expedientes marcan la tensión entre reglas e incentivos. La ley de lobby —"Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses"— sigue en Diputados con registro público, declaraciones juradas y sanciones para gestores y funcionarios. El Súper RIGI, en cambio, ya tiene media sanción (130-106-7) y espera tratamiento en el Senado.
El paquete de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años, pensado para inversiones desde US$1.000 millones, es la apuesta oficialista para anclar capital en industria y minería. La oposición marca el costo: beneficios concentrados y poca contrapartida de control público cuando el lobby todavía no tiene marco legal operativo.
Que una cámara acelere el Súper RIGI y demore la transparencia del lobby no es detalle burocrático: es revelación de prioridades. San Juan, con cuatro proyectos RIGI metalíferos, siente ambos debates: quiere inversión, pero también reglas claras sobre quién gestiona qué frente al Estado.
El Congreso puede vender previsibilidad a inversores y opacidad a la ciudadanía al mismo tiempo. El control crítico es exigir que la media sanción del Súper RIGI no avance sin un piso mínimo de publicidad de intereses. Fuente: Parlamentario y crececatamarca.
